A raíz del terremoto de 1.983 en Popayán se crea un fenómeno urbano, social y cultural, hasta entonces desconocido en la ciudad: la proliferación de asentamientos.

Este desastre natural dejó al descubierto la enorme problemática que sobre vivienda existía en la ciudad. Al derrumbarse las casas de inquilinato donde vivían hacinadas cinco, seis y hasta diez familias, todas estas personas sin techo deciden invadir terrenos baldíos en la periferia de la ciudad, donde levantan, sin ninguna planificación urbanística, sus ranchos de plástico, guadua, cartón y zinc.

A toda la gente residente en Popayán que invadió estos sectores, debe sumarse la enorme cantidad de personas que llegaron del campo y de otros pueblos cercanos en procura de mejores oportunidades para ellos y sus familias. Las cerca de cinco mil familias (unas treinta mil personas) que poblaron inicialmente estas áreas periféricas presentaban características muy similares, son familias de muy bajo nivel educativo, que viven de trabajos ocasionales o del tradicional rebusque, familias disfuncionales donde la madre cumple los roles de padre y madre o donde un padrastro autoritario es generador de violencia en la familia, haciendo que los hijos vean la casa como un lugar sombrío y la calle como el único espacio acogedor, su verdadero hogar y a sus compañeros de gallada como su familia, su verdadera familia.

Sobre este espacio que poco a poco se construía, se desarrollaron unas determinadas formas para satisfacer sus necesidades que les diferenciaron de otras zonas de la ciudad y les identificaron como un grupo humano particular. Desde las instituciones también se les nominó de una manera concreta: invasores, y a toda la basta zona que ocupaban: zonas marginales, y en efecto sus habitantes estaban al margen de la ciudad, al margen de la educación, la salud, el empleo, el desarrollo.

En un comienzo se carecía de todo. No había fuentes de empleo, un alto porcentaje de estas familias vivía del rebusque diario y trabajos esporádicos como coteros, empleadas del servicio doméstico, vendedores ambulantes de mercancías o apuestas de azar como chance y lotería, sólo un mínimo porcentaje de sus habitantes contaban con un empleo fijo; otros se dedicaron a la prostitución, al expendio de drogas alucinógenas y al robo. Se carecía de atención en salud y saneamiento básico ambiental, muchos niños fallecieron víctimas de enfermedades gastrointestinales o pulmonares, la diarrea y la bronquitis cobraron las principales víctimas. No existían escuelas y las pocas que había en los barrios cercanos no tenían disponibilidad de cupos donde pudieran educarse los niños; las calles aún sin demarcar, se constituyeron entonces en los espacios sociales, prolongación de los diminutos ranchos, que desde el comienzo adquirieron una importancia capital para la socialización de las nuevas generaciones, desplazando a la familia y a la escuela. Ahí, en la calle, en la convivencia diaria y a través del lenguaje[1], los niños y jóvenes aprenderían las leyes de la vida y la supervivencia, aprenderían a vivir con las condiciones que ella impone.

Para satisfacer sus necesidades básicas las comunidades se organizaron en Juntas de Acción comunal, se demarcaron los lotes, se hicieron conexiones ilegales de energía eléctrica y agua, se desarrollaron servicios de uso común como los lavaderos y las duchas, se hicieron zanjas junto a los ranchos para evacuar las aguas residuales, se implementaron jornadas de vigilancia y se inició la lucha por la legalización de las tierras sufriendo la represión de los organismos oficiales encargados del orden público como el ejército y la policía, muchos líderes comunitarios fueron encarcelados, asesinados o desaparecidos.

La escrituración de los terrenos y su inclusión en los planes de desarrollo urbanístico que les permitiera obtener los servicios de acueducto, alcantarillado, electrificación, vías, transporte y teléfono, sólo se obtuvieron después de muchas movilizaciones y enfrentamientos con la fuerza pública, quedando como lección que los reclamos ante el estado sólo son escuchados cuando se hacen por las vías de hecho.

Diecisiete años después del terremoto, aunque muchas de estas zonas periféricas ya son catalogadas como barrios y cuentan, en un alto porcentaje, con servicios públicos y geográfica y urbanísticamente parecen integradas a la ciudad, las condiciones socioeconómicas de muchos de sus habitantes no han cambiado mucho, persisten los ranchos, la economía de  subsistencia y el estigma de invasores y delincuentes, que los margina.

Estas zonas de invasión a lo largo de estos años no han dejado de crecer, periódicamente comunidades organizadas siguen acudiendo a este sistema como único mecanismo para obtener una vivienda propia. Muchos de los individuos que llegaron a este sector siendo niños han empezado a formar sus propias familias, habitando en un solo rancho toda la familia extendida, por lo que ante el hacinamiento y las pésimas condiciones sanitarias que esto implica, han seguido el ejemplo de sus padres y han invadido en terrenos contiguos a las antiguas invasiones, en la periferia, ampliando la frontera de la ciudad, con nuevos ranchos, repitiendo el ciclo de lucha y represión que para ellos ya era conocido.

En este marco de pobreza y desempleo, donde la prostitución, el expendio y el consumo de drogas alucinógenas es algo cotidiano, ha crecido una generación de jóvenes que al integrarse en diversas galladas o parches, han optado por la violencia, la delincuencia y la drogadicción como un estilo de vida, desarrollando una serie de pautas de comportamiento que riñen con los patrones de conducta que la sociedad espera de ellos[2].  Las nuevas generaciones aprendieron que ante la marginalidad, la represión, la falta de equidad en el acceso de oportunidades para el desarrollo personal y social, era válido, legítimo e incluso necesario el uso de la fuerza y la violencia para acceder a lo que les es negado.  Robar es una forma de redistribución de la riqueza, de hacer compartir a la fuerza con los que no tienen. ....

Desde la orilla de la legalidad, con los criterios que impone el orden establecido, estos jóvenes son mirados, nominados y señalados como disfuncionales, conflictivos, delincuentes, seres indeseables, origen del desorden social, amenaza contra la ética social y las buenas costumbres,  de ahí la exclusión y la marginalidad a la que han sido sometidos, manifiesta en la escasez de oportunidades para encontrar empleo o acceder a la educación, la desconfianza generalizada de la ciudadanía, el olvido para desarrollar con ellos programas de desarrollo, marginalidad que sólo los deja en la mira de las labores de limpieza social promovidas por los organismos de seguridad del estado o por las mismas comunidades y de las cuales son víctima a diario.